Los pequeños y medianos empresarios en Colombia se enfrentan diariamente no solo al mercado sino también al Estado que con su carga tributaria y de certificados, terminan por asfixiar su labor. Uno de esos certificados que afecta significativamente el normal funcionamiento de los pequeños empresarios y aporta poco valor es la infaltable renovación del registro mercantil ante la Cámara de Comercio.
Este último trámite, lejos de ser un valor agregado, se convierte en una carga constante. Aunque es obligatorio, muchas veces se siente como un obstáculo más que como una herramienta útil. Las tarifas impuestas por estas entidades suelen ser elevadas y se calculan en función de la facturación, sin importar si la empresa obtuvo ganancias o terminó el año con pérdidas.
Las Cámaras de Comercio, que supuestamente están para fomentar la actividad empresarial, han perdido el rumbo en Colombia. En la práctica, operan como entidades con poder casi monopólico, donde las decisiones se toman lejos de la realidad que viven los pequeños y medianos empresarios. Las juntas directivas están dominadas por intereses políticos y grandes grupos económicos que no representan al grueso del tejido empresarial colombiano.
Es urgente repensar el papel de estas instituciones. Si no se adaptan a las verdaderas necesidades del mercado y de quienes lo sostienen día a día, corren el riesgo de volverse irrelevantes. Necesitamos organismos que trabajen por y para la mayoría: emprendedores, comerciantes, profesionales independientes y empresarios que construyen país a pesar de las trabas burocráticas. Para que esto sea posible, también es necesario un cambio en la política. Y eso comienza por renovar a quienes hoy la representan.
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